Se confirmó que el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, recibirá el próximo miércoles 31 de mayo, en la ciudad de Santa Fe, a los representantes del Centro Industrial y Comercial y a Empleados de Comercio de Reconquista, quienes recientemente manifestaron su preocupación por los incrementos en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe ha llevado adelante acciones para procurar un servicio accesible para los santafesinos y que haga sustentable la producción local, y seguirá intentanto coordinar esfuerzos en este sentido.
Además, cabe resaltar que Lamberto presentó hace unos días un proyecto en la Legislatura provincial para dotar al defensor del Pueblo de legitimación activa, es decir otorgarle la posibilidad de litigar en los tribunales en representación de los ciudadanos. En tal sentido, les solicitará el acompañamiento a su proyecto de modificación de la ley 10.396, para dotar a la institución de una herramienta legal de suma importancia. Actualmente, la defensoría tiene esta potestad sólo para los casos enmarcados dentro de las Ley 10.000 de Intereses Difusos.
Por otra parte, el Lamberto recibió en abril pasado a integrantes de la Multisectorial Rosario contra los Tarifazos. En esa oportunidad, el defensor les comunicó que en el último plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) “se fijó una posición donde todas las defensorías del país reclamaron la suspensión de la aplicación de los aumentos de tarifas en los servicios públicos”.
El funcionario santafesino detalló además que “en defensa de todos los usuarios de la provincia y el país también se exigió a las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando”.
El defensor del Pueblo provincial, así como todos los defensores del país, tuvo un rol activo en las audiencias públicas celebradas durante 2016 y 2017 para definir los incrementos de los servicios públicos, incluida la tarifa de la energía eléctrica. Esta última tiene un componente nacional, determinado por el precio mayorista de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y uno local de distribución, que estipula la EPE. Durante los debates, Lamberto reclamó contemplar “los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la Justicia argentina”. Además, pidió tener en cuenta que “la multiplicidad de aumentos debe ser afrontada por un solo usuario y es necesario tener una planificación para que los incrementos no afecten el poder adquisitivo de los trabajadores”. Es por ello pidió que las actualizaciones vayan de la mano de las paritarias.
Entre otros puntos, el defensor del Pueblo también reclamó la creación de un ente de control de la EPE. «Es clave un ente externo, autónomo, autárquico, con capacidad técnica que permita valorar a la capacidad de la empresa y la de los usuarios», sentenció.
