Germán Bonino, Secretario Económico de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se refirió a los principales desafíos que enfrenta el sistema universitario público debido a la falta de actualización del financiamiento.
Bonino explicó que el presupuesto de 2023 fue «reconducido», es decir, se trasladaron los mismos valores para 2024, lo cual es insostenible frente a la alta inflación del país.
«Estamos operando con los gastos de funcionamiento de enero de 2023, pero aplicados a 2024, lo que no es viable con los niveles de inflación actuales», expresó Bonino.
Esta situación fue expuesta durante la marcha universitaria de mayo, donde se lograron algunas mejoras. Sin embargo, el 90% del presupuesto se destina a salarios, mientras que solo el 10% cubre gastos de funcionamiento, como insumos que han tenido aumentos significativos. Además, la eliminación de subsidios a la electricidad agrava aún más la situación.
En cuanto a los salarios, Bonino señaló que la inflación acumulada es del 130%, pero los docentes solo han recibido un incremento del 80%, lo que deja a las universidades más de un 20% atrás en comparación con otros gremios.
«El sistema universitario está perdiendo investigadores y docentes, muchos de los cuales están migrando a países como Brasil y Francia, donde se les ofrece mejores salarios y condiciones», advirtió.
Bonino subrayó la importancia de la ley de financiamiento educativo, que buscaba actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios en función de la inflación, pero el Presidente Javier Milei anunció que la vetaría.
«Si no se ajusta el financiamiento, no solo se verá afectada la calidad educativa, sino que también continuaremos perdiendo talento y capacidad investigativa», concluyó.
El debate sobre estos problemas cobró mayor relevancia tras el anuncio del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, que había sido aprobada para garantizar un aumento en los fondos destinados a las universidades, ajustando el presupuesto en función de la inflación y mejorando los salarios. El presidente Javier Milei, al vetar la ley, argumentó que el gasto público en educación debía ser revisado, señalando que considera necesario reducir el déficit fiscal del país y priorizar otros sectores antes que aumentar el financiamiento universitario.
Este veto coloca en una posición difícil a las universidades, que ya enfrentan serios problemas para mantener su funcionamiento básico y la competitividad académica frente a países que ofrecen mejores oportunidades.
