Respecto de la situación de las últimas semanas en la provincia de Jujuy, desde INCUPO adherimos al llamado a la paz social y el respeto por los derechos adquiridos.
Entendemos que la responsabilidad primera de la violencia ejercida corresponde, en este caso, al Estado provincial y, por tanto, también la responsabilidad del cese de la misma.
Reconocemos como trasfondo de lo acontecido, un claro conflicto de intereses. Intereses de empresas multinacionales que pretenden “seguridad jurídica” aun cuando esta se imponga -como la historia reciente viene mostrando en más de una ocasión- con represión sobre los pueblos, en este caso originarios, manifestándose en defensa de sus territorios.
Estos pueblos han logrado un acuerdo internacional*, de rango constitucional en nuestro país, que establece que, ante cada resolución de los Estados que pudiera afectar la vida de los mismos se les deba realizar una consulta participativa. Tras siglos de maltrato y marginación, este derecho cobra particular significación, y ha sido vulnerado por el gobierno de Jujuy, a favor de las grandes empresas.
Creemos que la razón de esta violencia no es del litio, ni de los minerales, ni de la tierra. Los responsables del manejo público (gobernantes, funcionarios, legisladores) deben encontrar maneras de hacer uso de nuestra casa común con el acuerdo de todos los actores afectados. Y no a favor de los más poderosos.
Las poblaciones campesinas e indígenas vienen formándose y fortaleciéndose desde hace muchos años, planteando propuestas de desarrollo para los territorios que habitan. Sigue siendo urgente atender (y entender) estas propuestas, no como “problemas”, sino como enriquecedoras de la sociedad.
*Convenio 169 de OIT: » se deberá consultar a los pueblos originarios, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».
Foto: gentileza ENDEPA
