Marlen Espindola: «la verdadera intención es desprender a los dueños forzosamente de la empresa»

En la última Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados provincial, la legisladora Marlén Espíndola expreso su postura frente al caso Vicentín y disintió totalmente con la Comisión de Seguimiento.

Con fuertes argumentos sostuvo que la verdadera intención de un grupo de legisladores es desprender a los dueños forzosamente de la empresa con lo que llaman “salvataje» o cram down, y eso está muy lejos de serlo. Afirmó que, si se sigue esa línea, sería un desastre para nuestra zona ya que el Banco Nación que es una empresa del estado, no podrá sostener los puestos de trabajo de la empresa como si lo viene haciendo Vicentín.

Ante esta postura de la Diputada Espíndola, el equipo de Radio Amanecer se comunicó con ella para que informe sobre lo sucedido y comunique los puntos que trabajo en su alocución.

La legisladora platea que a Vicentín se le negó la posibilidad de firmar el acuerdo con acreedores y que ahora el expediente se encuentra en la corte de justicia mediante el pedido de avocación, este que se ha usado pocas veces en la historia de la Argentina, y sigue sin respuestas, lo que causa en ella mucha preocupación. Y entiende que es una inseguridad jurídica muy grave:

«Durante todo este tiempo he mantenido silencio y he propiciado que la Justicia avance en el proceso concursal. Es que mis principios republicanos me dictan que no hay que entorpecer el accionar de la Justicia; que desde este poder legislativo estamos obligados a respetar la división de poderes, principio base y esencial de la República», continuó.

Los hechos que describió la diputada Espíndola

1) La empresa Vicentin SAIC  tiene una gran importancia no solamente para la región de donde provengo, sino en toda la geografía de la Provincia.

2) Próximamente se cumplirán tres años del default de la empresa.

3) Dada la importancia del proceso iniciado, el Juzgado interviniente ha tomado todas las precauciones para que el mismo se realizara en forma transparente y ajustada a Derecho. Me consta por mi formación académica, que el Juez actuante, además de cumplir acabadamente con sus funciones, ha dispuesto que, además de una Sindicatura Plural, actúen también los Comités de Acreedores, dos coadministradores, una Mesa Técnica donde participaron libremente la casi totalidad de los acreedores en la discusión y el acercamiento de las partes, en la búsqueda de una solución concursal acorde con la importancia del proceso.

4) Con los controles citados, se ha conseguido que la empresa concursada haya podido, sin generar despidos de personal, abonar al día y todos los meses, los sueldos de empleados y obreros, el pago de los aportes y retenciones de leyes sociales, los impuestos y todas sus obligaciones, sin contraer endeudamiento posconcursal. Lo cual, a todas luces, es un logro que no se da en todos los procesos concursales.

5) Así las cosas fueron transcurriendo y cumpliendo todas las etapas que están previstas en la ley 24.522, hasta que a instancias de un acreedor absolutamente minoritario ante la Corte de Justicia provincial, solicitó la figura del “avocamiento” por parte de la misma en el proceso concursal. Cuestión aun no resuelta.

6) Como sabrán, la concursada ha acompañado en tiempo y forma más del 63% de las conformidades, que representan más del 72% del capital computable. Cumpliendo acabadamente y con creces lo previsto en la ley. Incluye entre estas conformidades una parte importante de los acreedores granarios y de servicios y la casi totalidad de los Bancos del Exterior. Debería entonces proclamarse la “existencia de acuerdo”, prevista en el artículo 49 LCQ y posterior homologación.

7) Propiciar el CRAM DOWN en este estado del proceso, constituye una actitud que, al menos desde este Poder Legislativo no se debe avalar. Es que teniendo la solución concursal prácticamente obtenida por la mayoría legal prevista, iniciar un proceso de estas características, es al menos desconocer los principios de la ley concursal, y también la realidad económica actual de nuestro país. No hay en la existencia de este Instituto del Cram Down ejemplos exitosos; muy por el contrario. Los que yo conozco terminaron en rotundos fracasos.

8) Conociendo las previsiones de tiempo del proceso de Cram Down que obran en el expediente concursal, y atento a que llevará un tiempo no menos a un año y medio, las preguntas son:

1. en ese interín, cómo se obtendrían los fondos para cubrir los sueldos y jornales, cargas sociales e impuestos durante todo ese tiempo? Las 7000 familias que giran alrededor de la actividad de Vicentin, esperarán que el Estado Nacional les otorgue un beneficio de un Plan Social? Esto al menos debería preverse con mucha antelación. No creo que esas familias estén satisfechas (habiendo percibido toda la vida buenos sueldos de convenio aceitero), y se conformen con un Plan Trabajar.
2. Existe alguna propuesta concreta para la salida del cramdown que algún interesado haya exteriorizado? Ninguna. Por el contrario, no han aparecido -ni aparecerán- interesados en el cramdown de Vicentin, sencillamente porque hay que tener espaldas muy grandes para financiar los 500 Millones de dólares para el capital de trabajo, más 300 millones de dólares para equiparar la primera parte de la propuesta que ya ha obtenido conformidades abrumadoramente mayoritarias.
3. Más aún: propiciar la conformación de una empresa mixta de participación estatal mayoritaria, donde el Estado Nacional deba aportar esas cantidades astronómicas (que en estos momentos superan el 15% de las supuestas reservas totales del BCRA) nunca ha superado la ambigüedad de la falta de definiciones concretas. Esos 800 millones de dólares: los pondrá el Estado Nacional?O pretenden que la Provincia desembolsará ese importe? Téngase presente que tiene que tratarse de fondos frescos, para ser aplicados inmediatamente al giro de la empresa, y que las también ambiguas referencias a capitalización de deudas no sirven para que Vicentin continúe trabajando. De paso, pregunto: puede el Banco de la Nación capitalizar créditos? O eso está prohibido por su propio Estatuto? Me parece que en el estado de situación terminal que se encuentran las finanzas públicas, resulta al menos irresponsable, por no proferir un calificativo más contundente.
4. Cómo va a abordar Vicentin la tremenda sequía que tenemos por delante? En el escenario actual, los tres Interesados Estratégicos asumen todos los costos fijos y variables de la empresa. Si pasamos a cramdown, ese será riesgo de Vicentin. Con las consecuencias evidentes que eso provocará.

Ante esta situación propicio lo siguiente:

1. a) Que dejemos actuar libremente a la Justicia, sin interferir en el trámite en curso, en la seguridad -confirmada por el Sr. Procurador General en su dictamen frente a la Corte Suprema de la Provincia- de que están dadas todas las garantías de un debido proceso.
2. b) Que antes de propiciar “soluciones” cuya única fuente de inspiración sea trasladar el problema al erario público, seamos respetuosos de las soluciones que el sector privado ha encontrado de acuerdo a las normas vigentes, y por mayorías abrumadoras.
3. c) Y que no olvidemos nunca que si pretendemos que la Justicia no interfiera en la actividad política, debemos ser respetuosos y propiciar que LA POLITICA NO INTERFIERA EN LOS PROCESOS JUDICIALES. Y como decimos en Tribunales. PROVEER DE CONFORMIDAD. SERA JUSTICIA.