La norma que cuenta con la aprobación de la Cámara Baja le daría rango de ley al protocolo y facilitaría el acceso a la ILE en los casos contemplados por el Código Penal.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción a una iniciativa del espacio Igualdad y Participación, autoría de la Diputada Silvia Augsburger y del Diputado Rubén Giustiniani, que le da rango de ley al «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo».
La norma que ya cuenta con la aprobación de la Cámara Baja facilita el acceso a la interrupción del embarazo en los casos contemplados desde hace 100 años por el Código Penal Argentino, cumplimentando lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn en el Fallo F.A.L. del año 2012.
En contacto con El Cuarto Poder, la legisladora Ausburger indicó que se trata del mismo protocolo al que aplica la provincia -sin modificaciones-, y el último en vigencia en el orden nacional antes de la «efímera resolución 3158». «Lamentamos que se haya derogado», resaltó.
La ley votada por Diputados facilita el acceso a la práctica médica para interrumpir un embarazo al establecer procedimientos claros, con instrucciones uniformes para respaldar la práctica de los equipos de salud en cualquier lugar de la geografía provincial. Es importante remarcar que un protocolo no modifica los derechos y obligaciones contenidos en las leyes y en la Constitución; lo que hace es evitar las obstaculizaciones malintencionadas, las demoras, la revictimización de niñas abusadas y todas las formas de negación de derechos que se producen cuando no se respetan las leyes vigentes.
Cabe destacar que el protocolo fue elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación, y Santa Fe adhirió al mismo por resolución del Ministerio de Salud.
«En Argentina nacen 3.000 bebés de niñas madres por año. Es una necesidad que la interrupción del embarazo en esos casos esté bien protocolizada para evitar esto. Siempre una niña ha sido violada, y una mujer violada tiene derecho a interrumpir el embarazo. Está contemplado en el código penal pero este derecho se viene obstaculizando sistemáticamente», informó la diputada.
«Este proyecto fue presentado este año por lo tanto tenemos un año más con estado parlamentario. Es importante insistir en que sea ley para dar resguardo a los equipos de salud que realizan estas prácticas», concluyó Ausburger sobre el futuro del protocolo que ahora pasó a la Cámara de Senadores.
