Ante la media sanción en senadores del «Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas Rurales», no se hizo esperar la respuesta de las entidades que representan a los productores y de los productores en general rechazando de manera contundente este nuevo impuesto a la producción.

Aquí compartimos íntegramente el documento emitido por Coninagro.

“La Comisión Asesora Regional Santa Fe de Coninagro, hace público su categórico rechazo, al proyecto de ley Expediente Nº 38981 – JL, aprobado por el Senado Provincial, que crea «Programa Provincial de Accesibilidad Permanente a Unidades Productivas Ubicadas en Zonas

Rurales». Se pretende que el sector productivo aumente sus aportes para solvente los costos de la inoperante burocracia y los gastos de política provincial, que hoy ya sostiene mediante el pago de

tasas e impuestos exorbitantes dada la inexistente retribución.-

Lo aprobado por los Senadores provinciales es el reconocimiento expreso a la

ineptitud de los órganos del estado provincial para sostener el sistema vial. Paradójico, genera mayor transferencia de recursos económicos desde el ya expoliado sector productivo para sostener esos

mismos organismos que son declarados como incompetentes para cumplir sus funciones. Así, se refiere a la “Accesibilidad Permanente a las Unidades Productivas”, que es la función esencial de la

DPV, para lo cual ya cuenta con los recursos concretos dados en la ley de su creación y en la de presupuesto provincial.-

Sin embargo estos recursos parecen no ser suficientes para sostener tal inservible estructura, por lo que ahora se le pretende sumar una nueva inyección de recursos provenientes nuevamente del sector productivo, lo que constituye una evidente doble imposición respecto de tributos como la tasa sobre inmuebles rurales, el impuesto inmobiliario y de patente que ya aporta el

sector. Todo lo cual, por supuesto, es inconstitucional.-

Tal circunstancia es conocida por los legisladores, por lo que pretende ocultar la doble imposición utilizando el término “contribución” (art. 5), y el término “obra”, cuando en realidad es sostenimiento de la estructura vial actual, según el propio art. 1 y el art. 7 del proyecto.

Evidentemente es otro proyecto para expoliar al sector productivo con el fin de sostener una inoperante estructura estatal y sus gastos políticos, aunque evidentemente inconstitucional.-

Nuestra institución, no sale del asombro ante la intempestiva e inconsulta decisión de aumentar la carga tributaria. Jamás se debatió una cuestión como la ahora decidida por el Senado, por lo que pierde el sentido la propia existencia de la denominada Mesa de Análisis Tributario Provincial.-

No obstante queda el claro que el camino seguido por el legislador sigue siendo obtener recursos del único sector que produce recursos genuinos, renegando reducir costos de la política y la burocracia Estatal.”

 

 

 

 

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