Con el objetivo de trascender lo político, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece los parámetros para distribuir los recursos económicos para mejorar la infraestructura vial de los municipios y comunas. Los montos son acumulables y deberán presentarse los proyectos y etapas correspondientes de los trabajos.
En la última sesión de la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley que crea el «Fondo de Mantenimiento y Mejora de Infraestructura Vial«, destinado a la ejecución de obras en la red vial rural, urbana y suburbana pertenecientes a municipalidades de primera y segunda categoría; y comunas. Los recursos económicos se obtendrán de la mayor recaudación de rentas generales que perciba la Provincia durante el período 2022, por encima de lo estimado en la Ley 14.075. La distribución será de un 30% por partes iguales entre todas las localidades de la provincia, mientras que el 70% restante se distribuirá entre todas las municipalidades y comunas en un 50% en base a la población y en otro 50% en base a la cantidad de kilómetros de la red vial rural de la municipalidad o comuna.
La ley establece específicamente en qué se puede destinar los fondos, siempre vinculado a la red vial y atendiendo las necesidades de cada caso.
En su sexto artículo marca que los recursos irán para obras de pavimento nuevo, de repavimentación y bacheo; mejoramiento y ejecución de nuevos accesos a las localidades; mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales y urbanos; obras complementarias en vías intervenidas, siempre que no superen el 30% de la obra, en lo concerniente a arreglo de veredas, iluminación, desagües pluviales y cloacales, señalización y semaforización. También se podrá destinar el dinero a la compra de materiales de obra, siempre que no supere el 30% de la misma.
Otro de los ítems establece que se podrán comprar maquinarias para la realización de tareas de mantenimiento de caminos y obras de seguridad vial como reductores de velocidad, radarización o instalación cámaras de vigilancia. Las municipalidades de primera y segunda categoría (Santa Fe, Rosario, Rafaela, Sunchales, Venado Tuerto, Reconquista, entre otras) deberán afectar como mínimo un 20% a caminos rurales.
La autoridad de aplicación será la Dirección Provincial de Vialidad que cuenta con el personal técnico y la infraestructura necesaria para el análisis y seguimiento de los proyectos de obra. A diferencia de los convenios que la repartición efectúa actualmente con municipios y comunas, en esta ocasión en vez de estar condicionados a los tiempos y voluntades políticas para la asignación de los recursos, son los propios gobiernos locales quienes ya tendrán en su haber la parte financiera y solo deberán acordar el proyecto ejecutivo de obra.
