La diputada Clara García, junto a legisladoras y legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social, pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que según confirmó el propio jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en su último informe de gestión, supera los 10 mil millones de pesos.
La legisladora socialista en diálogo con Radio Amanecer, señalo
“La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y, a seis meses del inicio de la actual gestión, vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines”.
La diputada García destacó
“en el informe de cobranzas de Cammesa al 29/11/2019, la EPE no tenía deuda alguna por la energía consumida. Sin embargo, del último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado de la Nación el pasado 17 de junio, se constata que al 31/5/2020 la deuda de la empresa pública santafesina asciende a $10.173.888.902, equivalente a 3,5 períodos pendientes respecto del último mes facturado”
Lo que concretamente los legisladores socialistas piden al Ejecutivo es que informe a través de qué actos administrativos del interventor, Mauricio Caussi, se ordenó a las gerencias General y de Administración de la EPE incumplir los vencimientos contractuales, y los fundamentos para hacerlo, que quiebran un estricto historial de cumplimiento de la empresa.
También, la diputada Clara García pidió conocer la evolución de ingresos y egresos del corriente año y el saldo en bancos al 31/5/2020, que forma parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), “ya que, al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial”.