La institución realizó la solicitud en función de que actualmente este grupo, que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, está excluido del programa instituido por el Estado argentino en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe le solicitó al Estado nacional que quienes acceden a la pensión provincial otorgada en el marco de la ley 5.110 puedan obtener también al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Estado argentino a raíz de la situación derivada de la pandemia del coronavirus.

El requerimiento se sustenta en el hecho de que aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Estado nacional, que impide a las personas movilizarse para evitar la propagación del virus, ha provocado que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social no puedan realizar sus trabajos, en su mayoría informales, y de ese modo complementar los ingresos para el sustento familiar.

Si bien existen otro tipo de ayudas específicas para quienes perciben las pensiones, la situación derivada de la cuarentena torna imperiosa la adopción de medidas que alivien de manera inmediata las carencias a las que se ven expuestas las familias que perciben este beneficio.

La pensión estipula por la ley 5.110 alcanza a las personas de la tercera edad, a aquellas imposibilitadas en forma permanente de desarrollar tareas que le permitan generar los recursos mínimos indispensables para su sustento y no tengan acceso a una jubilación, o cualquier otro tipo de beneficio similar, y a madres y menores que por diversos motivos hayan quedado desamparados y, como consecuencia de ello, se encuentren en situación de alta vulnerabilidad económica social, ya sea de indigencia o pobreza.

En los teléfonos de emergencia dispuestos por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe se han recibido innumerables pedidos para obtener alguna ayuda económica extraordinaria que mitigue el momento que están viviendo por parte de familias alcanzadas por la ley 5.110.

Si bien el Estado nacional dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia para paliar la situación de las personas en situación de vulnerabilidad, esta asignación extraordinaria no alcanza a los beneficiarios de la pensión de la ley 5.110. Atento a ello, la defensoría decidió gestionar ante el Ejecutivo nacional una ampliación de este beneficio a los fines de que los beneficiarios de la pensión 5.110 puedan acceder también al IFE, para mitigar así la emergencia que mitigue el desesperante cuadro que deben afrontar las familias en situación de alta vulnerabilidad social.

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