El proyecto de presupuesto provincial 2023, que obtuvo el jueves media sanción en el Senado, establece una inversión de $38.000 millones de pesos del acuerdo con el gobierno nacional para cumplir con el fallo de la Corte por los descuentos sobre la coparticipación. Vialidad se lleva la mejor porción: $10.000 millones.
El gobierno de Omar Perotti resolvió apostar fuertemente a la construcción de rutas en su último año de gestión, para lo cual utilizará una buena parte de los recursos provenientes del cobro de la deuda de la Nación, concretado días atrás en acuerdo con el ministro de Economía, Sergio Massa.
Es importante recordar que los fondos de la deuda de la Nación solamente pueden ser usados, según ley sancionada por la Legislatura, en los llamados Gastos de Capital: obras, maquinaria y equipamiento.
Es decir que no pueden ejecutarse en los denominados Gastos Corrientes, que son fundamentalmente salarios. En el cálculo de gastos y recursos para el decisivo año próximo, la Dirección Provincial de Vialidad se queda con la mejor porción: $10.000 millones. Esa cifra, que representa más de un cuarto de lo previsto con los desembolsos nacionales por el juicio, evidencia la decisión de Perotti de reforzar su perfil productivista, en este caso construyendo rutas. Va en línea con el reciente anuncio del gobernador de un “nuevo corredor vial para la producción, servicios y turismo de Rosario hacia el sur”, entre otros ejemplos.
En la misma dirección, el Ministerio de Infraestructura que conduce Silvina Frana naturalmente tendrá una participación clave. Para esa cartera están previstos 6 mil millones de pesos.
Para la comandada por Adriana Cantero (Educación) se destinan 2 millones que podrán ser utilizados en mobiliario y computadoras para las escuelas, además de obras de reparaciones o ampliaciones más bien menores.
Un criterio similar para el área de Sonia Martorano (Salud): aparatología para los hospitales, por caso.
Y seguridad podrá invertir el mismo monto que educación, en patrulleros, camionetas, motos, armas, municiones, chalecos antibalas y obras menores en comisarías y penitenciarías.
También hay 3.000 millones para la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo con el objetivo de invertir en mejoras de la infraestructura habitacional en zonas vulnerables. Y 13.000 millones más incluidos en Obligaciones a Cargo del Tesoro, una suerte de reserva para reforzar partidas que resulten insuficientes.
