Después de un análisis de los testimonios y las pruebas presentadas, la magistrada resolvió instaurar el estado antijurídico, tomando en consideración las circunstancias que rodean la ocupación ilegal de los terrenos. Para lo cuál emitió la orden de desalojo, con plazo fijado para el viernes 18 de agosto a las 13 horas.

En el caso de que los usurpadores no desalojen, notificó al jefe de la UR IX que, cumplido el plazo señalado, proceda por la fuerza publica.

Asimismo, puso en conocimiento al área de niñez, adolescencia y familia, para que resguarden a los menores.

Comunicado del Ministerio Público de la Acusación:

SE RESOLVIO FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD DE DESALOJO DE LA USURPACIÓN DEL INMUEBLE DEL BARRIO GUADALUPE DE RECONQUISTA 

En la audiencia celebrada en el día de la fecha por ante la Jueza de la IPP Doctora Norma Senn en la Sala de Audiencias de la OGJ de Reconquista, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y de la Municipalidad de Reconquista y dispuso ordenar el desalojo del inmueble ocupado por algunos ciudadanos de manera clandestina.  

El Fiscal Doctor Juan Sebastián Marichal el día 04 de agosto solicitó el desalojo de la ocupación clandestina de un predio público, ocupado por un grupo de personas.

Previo a la petición de desocupación requerida al juez de la IPP, el MPA ha convocado en dos ocasiones a audiencias de Mediación con la finalidad de que, a partir de un proceso de diálogo y comunicación entre las partes en conflicto, se pueda arribar a una adecuada solución del conflicto.

Habiendo fracasada esta instancia, el representante del MPA, conforme los Art.205 y 207 del CPPSF, peticionó el cese del obrar antijurídico, dado que la continuidad de la situación no solo está reñida con las disposiciones legales vigentes, sino que se está impidiendo la ejecución de obras previstas conforme las pruebas acompañadas por el Municipio.

La Municipalidad de Reconquista compareció con su representante legal, Doctor Andrés Ghio y el funcionario Lic. Nicolás Sandrigo.

Los representantes del ente público adhirieron a lo peticionado por el Señor Fiscal, expresando que la actual situación está causando un perjuicio grave al no poder avanzar con obras esenciales ya contratadas para la urbanización del predio, además de constituir un freno al proceso de adjudicación de lotes.

La Jueza de la IPP dispuso que diariamente y hasta el 18 de agosto de 2023, a las 13 horas, personal a cargo de la URIX deberá proceder a dar aviso y conocimiento en el lugar mediante uso de dispositivos ampliadores de voz de lo ordenado, de lo contrario se procederá al desalojo luego de las 13 horas, bajo apercibimiento de utilizar la fuerza pública.

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