El fiscal general de la provincia resolvió este jueves apartar del caso Sain a la auditora del MPA, Cecilia Vranicich, dejar sin efecto su resolución –que establecía que no tenía competencias para sancionar al ex ministro – y ordenó iniciar un procedimiento disciplinario de admisibilidad al director del Organismo de Investigaciones.
Con las firmas de diferentes resoluciones en las últimas semanas, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini parece querer encauzar un Ministerio Público de la Acusación (MPA) que atraviesa un momento institucionalmente crítico.
Además, Baclini pretende encaminar el caso que tiene en el foco de la tormenta al ex ministro de Seguridad de la provincia y actual director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, sobre quien pesan varios pedidos para que no trabaje en la órbita de los fiscales.
Este jueves, Baclini resolvió dejar sin efecto la resolución de la auditora de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cecilia Vranicich, quien había resuelto que no estaba dentro de sus competencias determinar si había o no motivos para que Sain retorne al Organismo de Investigaciones. Además, el titular del MPA apartó del caso a Vranicich.
Por otro lado, el fiscal general ordenó iniciar un procedimiento disciplinario a Marcelo Sain, para determinar si cometió alguna falta que amerite alguna sanción. Dicho procedimiento será encabezado por el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez.
Según explicaron fuentes del MPA, lo que firmó el fiscal General es una resolución jurisdiccional, puntualmente, la número 14/2021.
La Resolución fue firmada en el marco del expediente en el cual tramitan los recursos interpuestos por el fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arietti, y por diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe contra la resolución 131/2021 de la Auditoría General de Gestión (AGG).
La resolución de Baclini ordena dejar sin efecto esa resolución 131 de la AGG; apartar a la AGG del trámite y designar auditor ad hoc al Fiscal Regional de la Cuarta Circunscripción, Rubén Martínez, para que inicie el procedimiento establecido en el Capítulo III (Procedimiento) del Título VI (Régimen Disciplinario) de la ley 13.013.
En definitiva, según las fuentes del MPA, la Resolución ordena que un auditor ad hoc (en este caso, el Fiscal Regional Martínez) encabece el denominado procedimiento de admisibilidad (de 60 días hábiles). Una vez agotado ese procedimiento, el auditor ad hoc podrá: disponer el inicio de la investigación disciplinaria, desestimar las denuncias o formular los cargos. Luego, en caso que hubiera acusación, se deberá constituir el Tribunal de Disciplina y se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 61 de la ley 13.013.
Sain había ingresado al Organismo de Investigaciones del MPA en diciembre de 2018, cargo del que se tomó licencia cuando fue convocado por el gobernador de la provincia, Omar Perotti, para que ocupe el cargo de ministro de Seguridad. Tras presentar su renuncia al cargo en el Poder Ejecutivo, Sain solicitó volver al OI.
En cuanto a la Resolución de la auditora de Gestión, Baclini concluyó que “está claro que al encontrarse el Dr. Sain en licencia en su cargo del Ministerio Público de la Acusación, la potestad disciplinaria de este organismo permanece intacta como para proceder a la apertura de un sumario disciplinario a los fines de que los órganos correspondientes evalúen efectivamente si los hechos denunciados conforman o no conductas sancionables dentro de esta esfera, justamente por la subsistencia de la relación de empleo con el MPA y la lógica subordinación jerárquica”.
“Si tenemos en cuenta que la potestad disciplinaria se vincula a la relación existente entre un agente o funcionario y la Administración Pública –en este caso entre el Dr. Sain y el MPA/Poder Judicial–, mientras subsista esa relación el agente o funcionario podría incurrir en faltas disciplinarias y en consecuencia se podría ejercer la potestad disciplinaria”, asegura el fiscal general y agrega que “de lo contrario estaríamos en presencia de situaciones absurdas, en las cuales, cualquier agente público en uso de licencia en su cargo efectivo, podría quebrantar todas las incompatibilidades, prohibiciones y/o deberes correspondientes a ese cargo, y luego de culminada la licencia retornar al mismo sin que aquellas le sean aplicables”.
En la Resolución, Baclini también hace referencia al “precedente Pisacco en el que se sentó el criterio de que “tanto en la vida pública como también la privada, el agente ha de observar un tacto y un celo extremo, que denoten una intachable conducta, ya que los agentes públicos han de observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración que su estado oficial exige”.
Por eso, el titular del MPA considera “los distintos modos posibles de manifestarse la actividad de un funcionario” y explicita que “su responsabilidad puede ser política, penal, civil y/o administrativa, radicando esencialmente su diferencia en los distintos bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a proteger o tutelar”. Por último, Baclini sostiene que “se deduce que las expresadas especies de responsabilidad no son excluyentes entre sí, pudiendo coexistir, como en el caso concreto que estamos analizando, un juicio político en los términos del artículo 98 de la Constitución provincial; un proceso penal y una investigación disciplinaria o sumario administrativo en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, puesto que los bienes jurídicos que tutelan unos y otros son diametralmente diferentes”.
Sain había ingresado al Organismo de Investigaciones del MPA en diciembre de 2018, cargo del que se tomó licencia cuando fue convocado por el gobernador de la provincia, Omar Perotti, para que ocupe el cargo de ministro de Seguridad. Tras presentar su renuncia al cargo en el Poder Ejecutivo, Sain solicitó volver al OI.
Sin embargo, tanto dentro del MPA como en la órbita política –sobre todo en la Cámara de Diputados- la vuelta de Sain al OI no fue bien vista. Así fue que se concretaron algunas movidas políticas: unos 27 diputados de la provincia presentaron notas ante el fiscal general en la que reclamaban que el retorno de Sain a la órbita de los fiscales no sea autorizado; el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, solicitó la destitución del ex ministro y la impugnación de la resolución de Vranicich; y el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo había resulto –luego dio marcha atrás- que los fiscales de su regional no iban a trabajar con el OI mientras Sain esté al mando. Vale sumar un pedido de un juicio político en la cámara baja, a raíz de la denuncia presentada en ese ámbito por la diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann.
El retorno de Sain a la órbita del MPA fue notificada formalmente el 31 de marzo pasado mediante una nota firmada por Sabrina Sánchez, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección legal y técnica del Ministerio Público de la Acusación.
La comunicación informa la decisión tomada basada en sus facultades del fiscal general, Jorge Baclini y expresa que “no obstante” las presentaciones realizadas por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, por el diputado Pablo Farías, por la Cámara de Diputados, y por el presidente de la comisión de Juicio Político de la cámara baja, Joaquín Blanco, “se deja sin efecto la licencia sin goce de sueldo concedida a Sain mientras dure su desempeño al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia”.
Fuente – Aire de Santa Fe
