La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria recomendó la declaración de Emergencia o Desastre agropecuario en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal, tras evaluar los graves efectos de la sequía.
La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe concluyó su reunión de este lunes recomendando la declaración de Emergencia o Desastre agropecuario en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. La medida, que abarcará seis meses desde el 1° de septiembre, surge tras analizar los informes presentados por el INTA y los equipos técnicos de la provincia, que confirmaron el impacto crítico de la falta de lluvias en estas zonas.
El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, afirmó que los cuatro departamentos están comprometidos en su totalidad, afectando gravemente las actividades agropecuarias, especialmente la ganadería de cría. «Estamos en etapa de parición, y la vaca necesita recomponerse rápido para volver a preñarse», explicó, subrayando la importancia de preservar los vientres y evitar mayores pérdidas en los rodeos.
Además, el funcionario señaló que, aunque algunos distritos en el centro de la provincia también presentan dificultades, podrían mejorar con precipitaciones, por lo que se decidió no incluirlos aún en la declaración. La Comisión facultó al Ejecutivo a seguir evaluando estos distritos, dependiendo de la evolución climática, con el fin de evitar demoras en la homologación de la emergencia por parte de Nación. «Esto también hay que elevarlo a Nación para beneficios del Banco Nación y queremos ser prudentes en no incorporar distritos que generen luego alguna demora en la homologación», precisó.
Las actividades afectadas incluyen la ganadería, con especial énfasis en los rodeos bovinos, caprinos y ovinos, además de la producción de trigo, que se encuentra «muy condicionada», afirmó Mántaras, si no mejoran las lluvias. El cultivo de algodón también se enfrenta a posibles retrasos en la siembra.
Entre las medidas que se desplegarán, el Gobierno provincial ofrecerá prórrogas o exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural (IIRR), y, si la declaración es homologada a nivel nacional, se aplicarán beneficios sobre el impuesto a las ganancias y sus anticipos. Mántaras también destacó otras acciones que se implementarán «con o sin declaración de emergencia», como la construcción de aguadas comunitarias, asistencia con forraje y acarreo de agua para pequeños y medianos productores, además de apoyo para rodeos en mal estado.
Finalmente, el secretario adelantó que se está trabajando en una nueva ley que garantice recursos suficientes para enfrentar estos eventos climáticos, con un enfoque integral para mejorar la respuesta del Estado frente a futuras emergencias.
Fuente: El Litoral
