En la audiencia preliminar que se realizó el miércoles 7 de septiembre, la defensa cuestionó la acusación y solicitó que dos de los sospechosos sean sobreseídos.
La acusación fue formulada por el fiscal Aldo Gerosa, acompañada por las querellas: la causa cuenta con la particularidad de contar con tres asociaciones civiles como querellantes -Juanito Laguna, Democracia Directa y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-, representadas por los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso, quienes también representan a la hermana de Rocío; la mamá de la víctima es querellante con representación del abogado Valentín Hereñú, del Centro de Asistencia Judicial a la Víctima. En tanto, los cuatro acusados son representados por la defensora pública María Noel Severo.
Acusación y planteos
El fiscal Gerosa repasó los hechos atribuidos a los cuatro acusados, todos residentes en Reconquista e identificados como Brian Altamirano, Pascual Eduardo Fagundes y los hermanos Juan Daniel y Leonardo Gastón Godoy. Al grupo se le atribuyó haber agredido sexualmente y atacado mortalmente a Rocío, entre el 12 y el 13 de julio de 2020 en un inmueble donde residían los hermanos Godoy. El fiscal sostuvo que Rocío “fue convencida de concurrir al lugar y, cuando ingresó, los imputados –junto a dos menores de edad– le dijeron que la iban a violar”. Rocío se negó, comenzó a gritar e intentó resistirse, pero comenzó a ser golpeada y forzada”. Luego, el grupo arrastró el cuerpo agonizante de Rocío hasta un terreno baldío lindero donde volvieron a agredirla sexualmente y finalmente falleció tras agonizar varias horas, a consecuencia de un traumatismo de cráneo, y las múltiples heridas y fracturas ocasionadas por los golpes. Gerosa sostuvo la pretensión de condena a prisión perpetua para los cuatro acusados, por considerarlos responsables de los delitos de homicidio cuádruplemente agravado por mediar violencia de género, por cometerse mediando alevosía, por la intervención activa de menores de edad y por ser críminis causae, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o mas personas y por la intervención de dos menores de edad y amenazas. La acusación fiscal fue acompañada en su totalidad por las querellas.
A su turno, la defensa realizó varios cuestionamientos que deberá analizar la jueza Bressán: en primer lugar, la abogada que representa a los acusados rechazó la acusación por considerar que es ambigua y no realiza una descripción circunstanciada de los hechos atribuidos: “la plataforma fáctica esbozada por el acusador público es extremadamente larga, confusa; se describen muchas conductas en varios fragmentos omitiendo precisar que acción le es reprochable a cada uno de los imputados”.
También solicitó el sobreseimiento de dos de los sospechosos, Altamirano y Fagundes, a consecuencia de los resultados de los análisis de ADN, y que “lo único que invoca el fiscal para sindicarlos en la escena son algunas imágenes de las cámaras de seguridad de los vecinos que son poco claras y bastantes confusas”.
En relación a las múltiples querellas que tiene la causa, Severo solicitó que se unifiquen las personerías basada en el principio de igualdad de armas, planteo los letrados querellantes solicitaron que sea rechazado ya que representan intereses distintos.
Finalmente, Severo cuestionó las declaraciones de los menores, brindadas en sede judicial, implicados también en la causa. La defensora intentó pedir la exclusión probatoria de esas declaraciones y de todo lo que derive de ellas. Este planteo fue rechazado por la jueza Bressan por no haber sido realizado en tiempo y forma.
El caso
El lunes 13 de julio de 2020, minutos después de las 17:30, se encontró el cuerpo de una joven en un descampado del barrio Carmen Luisa en Reconquista. Se trataba de Rocío Vera, quien había sido vista por última vez el domingo 12 de julio, cuando se fue de la casa de su papá en el barrio La Loma. Rocío tenía 14 años y estaba embarazada; a simple vista se notaba que había sido sometida a un brutal asesinato.
La investigación permitió reconsturir lo ocurrido: la madrugada del domingo 12 de julio de 2020, Ezequiel “Pulo” Godoy convenció a Rocío Magali Vera a ingresar a la casa donde estaban también sus hermanos Leonardo Gastón “Vieja” Godoy y Juan Daniel “Cuatri” Godoy, Brian Carlos Altamirano, conocido como «Bebé» o «Morza», Pascual Eduardo Fagundes, apodado «Lele» o «Llanta», y el menor de edad Luis Fernando Velázquez, conocido como “Locha”.
Cuando Rocío ingresó, el grupo comenzó a decirle que la iban a violar; Rocío se resistió y comenzó a gritar, entonces Leonardo Godoy, Altamirano y Fagundes la retuvieron y comenzaron a abusar de ella de manera alternada, mientras el resto del grupo la retenía. Cuando Rocío intentó escapar de sus agresores, Ezequiel Godoy la golpeó con un palo de madera en la cabeza, cerca de la oreja izquierda y luego dos veces más, en la frente y en el cuello, mientras que “Lelé” Fagundes tomó un hierro y la golpeó en la mejilla y en el cráneo, golpes que la dejaron semi inconsciente y que le ocasionaron a Rocío gravísimas lesiones que le ocasionaron la muerte unas 4 horas después.
Los hermanos Godoy y Altamirano también le pegaron; después, entre todos la llevaron, aun agonizante, al pastizal ubicado al fondo y vecino al patio de la vivienda ocupada, arrastrando el cuerpo por el piso; en el camino pasaron por encima de un fogón con brasas encendidas, llegaron hasta un alambrado tejido, cruzaron el tejido y arrojaron a Rocío en un montón de tierra y basura. Allí, los hermanos Godoy volvieron a abusar de la joven. Luego buscaron una azada y volvieron para carpir el suelo, ya que habían quedado manchas de sangre, y empujaron el cuerpo varios metros más lejos, dejándolo oculto entre las malezas para intentar evitar que se encuentre a Rocío.
Los agresores volvieron a la vivienda, se cambiaron de ropa y la ocultaron en el freezer para poder descartarla al día siguiente. Antes de irse, amenazaron de muerte a Velázquez, quien no participó ni de los abusos ni de los golpes, para que no cuente nada de lo que había visto.
A poco más de dos años del violento hecho, la causa se encamina a dirimir las responsabilidades de los cuatro detenidos a través de un juicio oral y público. La jueza Bressan deberá analizar los planteos realizados en la audiencia preliminar y resolver la apertura a juicio.
