Fueron detenidos en 2019 en un control vehicular en la ruta nacional 11 cuando la Justicia federal seguía sus pasos. Se suministraban de estupefacientes en el barrio Saladillo de la ciudad de Rosario y a bordo de un auto llevaban el polvo blanco para ser distribuido en la localidad del norte provincial.
A casi un año de cumplirse el desbarate de una organización narco que supo estar integrada por tres agentes de la Policía provincial que prestaban servicios en la ciudad de Rosario, el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, puso punto final a la investigación y elevó la causa a juicio para su posterior tratamiento en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
El caso comenzó a ser investigado en 2017 y dos años después derivó en la detención de once personas, entre ellas los uniformados, que se encuentran implicados como los cabecillas y proveedores intermedios de la organización. Se trata de Eliel Gerónimo Schiffo (30), Ariel Eric Quatrín (25) y Brian Hernán Cerrutti (29), todos con domicilio en Rosario y acusados de gestionar la compra de estupefacientes en el barrio Saladillo de esa localidad del sur provincial para luego trasladarlos a Reconquista en automóviles y distribuirlos bajo la modalidad de «delivery» mediante vendedores barriales.
El pedido de juicio del fiscal también implica a otros ocho civiles: el técnico en informática, Tomas Agustín Gamarra (21), alias «Tomy”; Fernando Daniel González (30), alias «Colo» o «Narigón»; el gestor del automotor Guillermo Germán López (41); un empleado municipal identificado como Walter Nicolás González (40) y la esposa de este, Jesica Fernández; una revendedora de Avón, Laura Solange Carró (28); el operador de radio, Orlando Oscar Acosta (39), alias «Oso» o «Moro”; y una empleada doméstica llamada Jesica Gabriela Ferrari (30).
La actividad clandestina comenzó a ser investigada en 2017, luego de que agentes de la Unidad Investigativa Región III, dependiente de la Dirección de Narcocriminalidad de la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe, informaron a las autoridades de la Fiscalía que había un “funcionario policial que trabajaba en Rosario (en la Policía de Acción Táctica) y que trasladaba droga a Reconquista”. A partir de allí, se inició una pesquisa que logró deschavar cómo era el modus operandi de una red de distribución y venta de drogas por los uniformados.
Por ruta, de noche y con puntero
El grueso de la causa que llevó adelante el fiscal Salum, principalmente tiene como eje central una serie de escuchas telefónicas que fueron interceptadas por los pesquisas y que permitieron, de a poco establecer, cuál era la red de lazos y contactos de la organización cuyo desenlace final fue el secuestro de un kilo de cocaína en la ruta Nacional N° 11 y la concreción de diez allanamientos en Reconquista y Rosario que tuvieron como resultado el secuestro de elementos fundamentales para la causa.
En el requerimiento de elevación a juicio, figuran más de veinte escuchas que desnudaron dos cuestiones claves de la banda: cómo era la forma del traslado de la cocaína hasta Rosario y quienes se encargaban de la logística y distribución en Reconquista. En esa línea, se detectó que el suministro de los estupefacientes se hizo por medio de un «contacto» ubicado en el barrio Saladillo de la ciudad de Rosario.
Una vez gestionado el cargamento, era trasladado hacia el norte provincial por Schiffo, el cual -según la hipótesis de la Fiscalía- contaba la asistencia de un «puntero» o «barredor» que advertía sobre posibles controles vehiculares que pudieran perjudicar el plan criminal en las rutas.
De la logística también habría participado Fernando González, acusado en la investigación de ser la mano derecha de Schiffo ya que los investigadores sospechan que era quien «estiraba», «fraccionaba» y «posteriormente» distribuía con sus «soldaditos» distintas dosis de cocaína. No obstante ello, quedó también ligado a la causa como un «recaudador» de Schiffo, cuando este último no viajaba a la ciudad de Reconquista.
De igual manera, también surgió en la investigación que varios vendedores barriales trataban directamente con Schiffo al momento de realizar el pedido de reposición de estupefacientes por medio de otros imputados en la causa.
La caída
Con órdenes de allanamiento otorgadas por el juez federal, Aldo Alurralde, los investigadores desplegaron un total de diez operativos, en Reconquista y Rosario, el 26 de marzo del año pasado y secuestraron automóviles, motos, drogas y elementos típicos para la venta de drogas al menudeo.
Pero sin dudas que el procedimiento más importante estuvo en un control de ruta ubicado en la ruta nacional Nº11 y su intersección con la provincial Nº98, cuando a la altura del puesto de control de la Agencia de Seguridad Vial, Schiffo fue detenido junto a Quatrín en momentos en que circulaban a bordo de un C3 Citroen en el cual llevaban un kilo de cocaína y varios envoltorios con la misma sustancia -dentro de una notebook- y que tenían previsto llegar a Reconquista.
De ese viaje, creen los investigadores, también participó como «puntero» Cerrutti ya que habría alertado a Schiffo sobre posibles controles en la ruta cuando iba a bordo de un Ford Fiesta unos kilómetros más adelante. Sin embargo, Cerrutti no fue detenido en el control vehicular ya que por la activación de antenas -y también escuchas- participó del convoy hasta la altura de Marcelino Escalada, en el departamento San Justo, y luego regresó a Rosario.
Al banquillo de los acusados
En su pedido de juicio, el fiscal Salum consideró que Schiffo deberá ser juzgados bajo el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por su calidad de funcionario policial y la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo en concurso real con el delito de transporte doblemente agravado por su calidad de funcionario policial y la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo».
Mientras que Quatrín y Cerrutti, quedaron imputados como autores penalmente responsables de «transporte de estupefacientes doblemente agravado por su calidad de funcionario policial y la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo».
En el caso de Gamarra, González, German, López, González (Walter) y Fernández, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que sean enjuiciados por «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo». Mientras que para Carró, el fiscal la acusó de haber sido solamente «partícipe secundaria».
Finalmente y en torno a Acosta y Ferrari, el funcionario judicial determinó que sean juzgados por «comercio y distribución de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para comerlo».
Fuente – Aire de Santa Fe
