Los derechos de las mujeres rurales forman parte de la agenda de los países del MERCOSUR. Las mujeres rurales tienen un rol clave en el desarrollo de los sistemas alimentarios, desde el trabajo en los cultivos a la producción de alimentos; sin embargo, se encuentran en situaciones de desigualdad con respecto a los hombres para el acceso a la propiedad de la tierra, recursos productivos y toma de decisiones.

En ese sentido, se destaca la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) que, entre sus cometidos, busca lograr el reconocimiento, visibilidad e inclusión de las mujeres rurales en las políticas agrarias.

Asimismo, la Comisión Permanente de Género y Derechos Humanos de las Mujeres de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH) promueve las políticas públicas en materia de acceso a los servicios de salud, el derecho a la propiedad, al crédito, a la educación, a la asistencia jurídica y para promover la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres rurales.

En ese marco, por mandato de la RAADH, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) lleva adelante el diseño, desarrollo e implementación de la Campaña sobre Género y Derechos Humanos “Libres, Iguales y Felices”, que tiene como uno de sus ejes, a partir de Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres rurales (artículo 14 de la CEDAW).

Por su parte, el Frente Parlamentario contra el Hambre – PARLASUR y la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos PARLASUR mantienen un llamado de atención en temas como el impacto del #COVID19 en la crisis alimentaria, el problema de la malnutrición en la región, el apoyo de la agricultura familiar, los sistemas alimentarios y el rol de los parlamentos, para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (#ODS) 2, #hambrecero.

Históricamente, las mujeres rurales sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por habitar en el ámbito rural, lo cual se evidencia en las brechas de género existentes en la región:

En América Latina y el Caribe, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Las mujeres indígenas se ven particularmente afectadas, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales.

Además, existe una invisibilización del trabajo de las mujeres rurales, pues la mayoría de las mujeres rurales que aparecen como inactivas en la medición tradicional del empleo son, en su mayoría, trabajadoras invisibles para las estadísticas oficiales ya que participan del trabajo no remunerado o producen para el autoconsumo de su hogar.

En América Latina, alrededor del 67% de las mujeres rurales ocupadas perciben un ingreso inferior al salario mínimo nacional. A su vez, pese a que se ha reducido el porcentaje de mujeres rurales mayores de 15 años sin ingresos propios, el porcentaje sigue siendo muy elevado y se mantiene una brecha importante respecto a los hombres rurales. Al mismo tiempo, las mujeres rurales enfrentan restricciones particularmente rígidas para acceder a la protección social.

Las mujeres rurales se ven afectadas por diferentes formas de violencia y deben sortear numerosos obstáculos para poder acceder a políticas de protección contra la violencia, ya que, en general, suelen tener un sesgo urbano. Por lo tanto, se vuelve necesario atender la discriminación estructural que enfrentan las mujeres rurales y adoptar medidas con enfoque interseccional, que puedan dar respuesta a la discriminación múltiple existente.

En este 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) invitamos a reflexionar sobre la la función y la contribución decisiva de la mujer rural en el desarrollo agrícola, así como en la mejora de la seguridad alimentaria; y sobre la situación de discriminación y pobreza en la que viven las mujeres rurales en la región, visibilizar esta realidad y promover la adopción de políticas públicas con enfoque de género para garantizar sus derechos.

Fuente: IPPDH- PARLASUR

Con informaciones de FAO, ONU, CEPAL, OIT, OMS, UNICEF, PMA, FIDA, OPS y WFP.

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