Audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Asociación de Fiscales de Santa Fe, encabezada por su presidenta Gisela Paolicelli y con aval nacional, expuso el caso Traferri y las presiones políticas sobre el MPA

“¿Hasta cuándo tanta impunidad?”, preguntó la presidenta de la Asociación de Fiscales de Santa Fe Gisela Paolicelli. El silencio que siguió después parecía subrayar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los “ataques sistemáticos” a sus colegas que investigan los delitos de cuello blanco en la provincia. “Quien investiga a corruptos termina perseguido y hostigado”, sintetizó el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona. Paolicelli denunció ayer ante la CIDH dos casos “paradigmáticos” en Santa Fe, como los llamó: la persecución del senador Armando Traferri a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que investigan una causa por corrupción. Y la represalia a los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack tras investigar a los senadores (por el “manejo arbitrario de subsidios, el desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito”) y otra megacausa (“un conjunto de estafas inmobiliarias y lavado de activos que involucró a empresarios y grupos de poder con conexiones con el poder político”)”. A comienzos de 2017, un pacto entre la Legislatura y la Casa Gris designó fiscal regional de Rosario a Patricio Serjal, quien desplazó a Narvaja y Mac Cormack de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos y desmanteló el área, y seis meses después, en noviembre de 2017, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron -en horas- una «ley antifiscales» –impulsada por Traferri- que los dejó “absolutamente subordinados al poder político”. “Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. En Santa Fe, suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, enfatizó Paolicelli. “Y a los fiscales de la provincia nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”. La causa de los senadores terminó en el archivo.

Paolicelli expuso ante la CIDH en una audiencia pública que dirigió su presidenta, Julissa Mantilla. Un relato cronológico de la represalia a Narvaja y Mac Cormack en 2017 y la persecución de Traferri a Schiappa Pietra y Edery, después que éstos pidieran su desafuero para imputarlo como supuesto “organizador de una organización criminal”, que el Senado rechazó, en diciembre de 2020. Los fiscales acompañaron a Paolicelli en su intervención –por zoom desde Rosario- y Narvaja incluso participó en el debate.

“El fiscal regional (Serjal) quedó preso, fue imputado y acusado. Pero el senador (Traferri) no. Sus fueros lo impiden, no sólo tiene inmunidad de arresto sino que tampoco puede ser siquiera sometido a proceso. El desafuero se pidió ante el Senado y el Senado lo rechazó”. El 22 de febrero pasado, “la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sostuvo la ‘constitucionalidad’” de los fueros absolutos de Traferri. Y a partir de ese fallo, “la causa contra el senador” se frenó. “Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación hasta donde puede. Algunos coimputados ya resultaron condenados”.

“Y por supuesto, los fiscales ya fueron denunciados cuatro veces por el senador (Traferri). La Auditoría del MPA desestimó esas denuncias. Pero hay dos que aún están en manos de los legisladores”, alertó Paolicelli. Traferri denunció a Schiappa Pietra en noviembre de 2021, pero amplió esa denuncia ante la comisión de Acuerdos el miércoles pasado y lo anunció el jueves, en el pleno del Senado, 24 horas antes de que lo denunciaran a él en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La fiscal que desestimó la denuncia (a los fiscales) en el MPA” y “una jueza (Isabel Mas Varela) que participó en una de las audiencias, donde se acusó al senador también fueron denunciadas”, agregó Paolicelli.

“La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal, aún cuando fuese una denuncia sin fundamento o para desestimar y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”.

“En la provincia de Santa Fe, donde la violencia, el uso de armas de fuego, los homicidios se cuentan de a cientos, donde escasean recursos de todo tipo para hacer frente a la prevención y a la investigación de la criminalidad, las irregularidades en la utilización de los fondos públicos sigue siendo imposible de investigar. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?”, se preguntó Paolicelli.

Su colega de la Asociación Argentina de Fiscales, Marcelo Varona, dijo que los casos que se expusieron ante la CIDH, entre ellos los de Santa Fe, “demuestran que la corrupción ha llegado a tal punto de tener capacidad y medios para impedir investigaciones, trabar procedimientos y manejar la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con falsedades, inexactitudes y la intención de descalificar a quienes la investigan”.

“Cuando las imputaciones se dirigen al poder político, al crimen organizado, cuando un fiscal se compromete en la lucha contra la corrupción al más alto nivel, la respuesta del poder político es por afuera del sistema procesal: se ataca al fiscal”. “Ya se dijo en los casos presentados”, insistió Varona. “Si es necesario cambiar un procedimiento para sancionar o destituir un fiscal, así se hace. Si es necesario ampararse en fueros, así se hace. Si es necesario manipular la opinión de la ciudadanía, así se hace”. Quedó claro que hablaba de Santa Fe”.

Fuente: Juan Carlos Tizziani Página 12

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