La comisión legislativa hizo el planteo ante funcionarios de Perotti. Sin respuesta al pedido de audiencia con el presidente de la Nación.

«Necesitamos que los gobiernos nacional y provincial se involucren para evitar el desguace de Vicentin y encontrar una salida que permita preservar las fuentes de trabajo» repite el diputado Luis Rubeo (PJ), presidente de la Comisión de seguimiento del concurso de la firma radicada en Avellaneda, en el norte santafesino. Con el propósito de sumar al gobierno santafesino, los integrantes de la comisión se reunieron con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Roberto Sukerman. El propósito era reunirse con el gobernador Omar Perotti quien delegó el encuentro en Sukerman quien asistió acompañado por el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, funcionarios que tuvieron un rol muy activo cuando la provincia intentó una salida negociada a la crisis de la firma.

Durante la reunión en Rosario, los funcionarios escucharon el planteo de los legisladores que entienden se debe apoyar la propuesta presentada por un grupo de acreedores granarios con el aval del Banco Nación y otras entidades financieras nacionales para tomar el control de Vicentin sin el actual directorio. En tanto, el directorio actual afirma estar trabajando en presentar una propuesta a los acreedores en el marco del concurso. Hasta principios de septiembre, Vicentin puede usar del período de exclusividad que le otorga la ley para intentar un acuerdo con los acreedores.

El plazo de septiembre -con posible prórroga de 30 días- le fue advertido por Somaglia a los diputados e incluso advirtió de posibles maniobras de acreedores para mejorar posicionarse.

Los funcionarios escucharon. prometieron llevar la inquietud a Perotti pero no dejaron una propuesta definitiva.

«Es oportuno instalar ahora el tema o esperar los acontecimientos en esta etapa del concurso donde la firma tiene exclusividad» se preguntó desde la boca de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Rubeo fue vocero de los diputados y dividió en dos el encuentro. «Nos informaron porqué la provincia no aceptó la coadministración cuando lo ofreció el propio juez (Fabián Lorenzini). Coincidimos que el representante santafesino iba a tener un rol secundario ante el directorio de la firma», comentó.

«Después sí hicimos  hincapié en la necesidad de tomar una resolución política. Hoy el escenario es otro, a partir de acreedores granarios se puede tener una posible, el directorio del Banco de la Nación Argentina nos dijo que comparte el criterio juntos a los bancos de capital nacional y buscan el aporte de los bancos extranjeros» agregó. La semana pasada el directorio del Nación recibió a los legisladores santafesinos para analizar el tema.

La comisión quiere sumar además al gobierno nacional e insisten con un pedido de audiencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que todavía no les fue concedida. El legislador rosarino señaló que teman que el concurso se prorrogue y si no hay acuerdo con los acreedores la firma vaya a la quiebra y haya un desguace del patrimonio.

«Estamos convencidos de que los gobiernos nacional y provincia, acreedores granarios y bancos deben tener una propuesta común para poner en marcha nuevamente a Vicentin que hoy trabaja a fazón y apenas le alcanza para pagar salarios», añadió.

Además de Rubeo estuvieron en el encuentro Ariel Bermúdez  (Creo), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani (Igualdad), Betina Florito (Scomos Vida Santa Fe), Walter Ghione (Somos Vida y Familia), Silvana Di Stéfano (UCR) y María Laura Corgniali (PS).

«Estamos convencidos que la salida tiene que ser eminentemente política, los plazos procesales son nocivos y dejarán a Vicentin en el peor de los escenarios. Por eso le pedimos a los funcionarios poner nuevamente en consideración pública la problemática de la empresa. De seguir este camino, la empresa termina quebrando», señaló el presidente.

Según el informe de los síndicos, Vicentin adeuda 1.400 millones de dólares.

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