Lo resolvió el juez de Instrucción Penal Preparatoria, Gonzalo Basualdo. Fue a pedido de la querella. El vehículo fue adquirido mediante un subsidio del gobierno provincial.

En audiencia pública realizada en la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista,  el juez de IPP Gonzalo Basualdo resolvió inhibir por 508 mil pesos al ex administrador de la Estancia Las Gamas Integradas en su entonces calidad de director de Agricultura Familiar de la provincia, Pablo Zancada, y su contador Roberto Fumo, “a los efectos que garanticen la reparación de los daños y perjuicios que han ocasionado a la comunidad aborigen” de Los Laureles.

Los ex funcionarios provinciales están acusados e imputados por los delitos de defraudación al Estado, peculado, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, y uso de documento falso.

La resolución alcanzada por el magistrado fue a pedido de la querella, que defiende a los miembros de la comunidad originaria del distrito Los Laureles, representada por los abogados Andrés Ramseyer y Andrés Ghío.

La decisión que afecta a Pablo Zancada y a su ex colaborador, el contador Roberto Fumo, fue adoptada por el Juez Penal Gonzalo Basualdo en audiencia pública realizada este viernes 31 de marzo de 2017 en los Tribunales de Reconquista. Afuera hubo un escrache dirigido al ex funcionario.

Los querellantes, en nombre de sus representados habían solicitado la inhibición para garantizar casi un millón de pesos ($980.000), pero la defensa de ambos acusados se opuso. Luego de escuchar a las partes, el magistrado resolvió disponer la inhibición general de los bienes de los imputados hasta cubrir la suma del subsidio otorgado por el Ministerio de Gobierno de pasada gestión provincial que ascendió a $478.000, más $30.000 que es el estimado del “prevaricato”.

Ramseyer indicó que “en principio pedimos más del doble de lo que finalmente resolvió el juez, pero en general estamos conformes con la decisión alcanzada por este incidente”. El abogado, por otra parte, dijo que “la causa se originó cuando gobernaba la provincia la anterior gestión de gobierno, me interesa dejar eso en claro para despejar cualquier tipo de confusión, y destacar que la actual gestión del gobernador Miguel Lifschitz ha colaborado decididamente en el aporte de documental para esclarecer el tema”.

Imputados

Pablo Zancada fue funcionario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe hasta que se desató el escándalo por el subsidio retirado de arcas del Estado provincial para la comunidad aborigen de Los Laureles pero utilizado con otro fin: se compró un camión Mercedes Benz Unimog, usado, para la Estancia Las Gamas Integrada. Como fiscal en la audiencia actuó Alejandro Rodríguez, en reemplazo de Aldo Gerosa, ausente.

El dirigente socialista y ex diputado nacional Pablo Zancada y el contador Roberto Fumo están imputados por la compra irregular del Unimog que fue primero usado por el establecimiento Las Gamas, donde Zancada era el titular, y luego fuera entregado al SIES 107.

La adquisición del vehículo todoterreno se cumplimentó con un aporte no reintegrable del Ministerio de Gobierno de Santa Fe otorgado en 2015. Los fondos vinieron a nombre de la asociación civil aborigen de Los Laureles, pero el camión llamativamente fue a parar a la Cuña Boscosa, lejos de lo que debieron sus beneficiarios legales.

En medio del escándalo desatado una vez que saliera a la luz la operación, que le costara el puesto a Zancada como jefe de Las Gamas, se conocieron más detalles que obran en la causa, tales como que éste y Fumo retiraron el dinero de la sucursal Romang del Banco de Santa Fe, y que del total, una parte habría ido a manos de los aborígenes para ser utilizada en el pago de la boleta de luz.

El dato probado

El año pasado en la imputación, el fiscal a cargo del caso, Aldo Gerosa, dio por probado que “el valor por el que se debió adquirir el camión no pudo exceder, en principio y según estimaciones a confirmar, la suma de 100.000 ó 120.000 pesos en junio del año pasado, que las reparaciones efectuaron con dineros públicos y que sin norma legal alguna se transfirió un bien particular para afectarlo al servicio público, dejándole la deuda por patente y la irregularidad de la rendición de cuentas a la comunidad origen de Los Laureles”.

 

Fuente – InfoVera

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