La jueza Kilgelmann no dio lugar a la medida cautelar presentada por el bloque Somos Vida. La diputada provincial Amalia Granata junto con Emiliano Peralta habían pedido la nulidad del procedimiento que aprobó la ley de emergencia jubilatoria por “graves violaciones al reglamento”.

La diputada Granata y su bloque en la presentación de la demanda, que fue rechazada este miércoles.

Representantes del bloque Somos Vida presentaron el jueves 19 de septiembre en los tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe una demanda judicial contra el mecanismo de votación de la reforma previsional aprobada y promulagada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

La legisladora, que en el trámite se encontró con el presidente de la Corte, fue recibida en ese momento con aplausos de los trabajadores judiciales que estaban en distintos niveles del edificio.

En ese marco, la diputada rosarina presentó una medida cautelar para que se suspendan los efectos de la ley hasta tanto se resuelva el planteo de inconstitucionalidad. Apuntaba al procedimiento y no al contenido de la normativa.

La Fiscalía de Estado argumentó el rechazo en que el Poder Judicial no debe tener injerencia sobre un procedimiento interno como es la sanción de una ley, que es inherente al Legislativo, porque de ese modo estaría cometiendo una intromisión de poderes. En cambio, lo que sí puede hacer es evaluar la constitucionalidad del contenido de la normativa.

En el documento cuestionan que la votación de la reforma previsional se haya acelerado y realizado antes del debate, y que para que ello suceda se hayan tomado como abstenciones una decena de votos que finalmente resultaron negativos.

Sin embargo, el oficialismo sostiene que al continuar luego la sesión, cada diputado pudo aclarar cómo había votado y eso es lo que finalmente legitima la sanción de la norma y desacredita la nulidad como estrategia de la oposición.

El amparo presentado por el bloque Somos Vida y ahora rechazado no es la única medida que llegó a la Justicia en contra de la reforma previsional que aprobó la Legislatura y luego promulgó el Ejecutivo. También hay otros dos recursos, radicados por el sindicato de empleados municipales de San Carlos y el gremio de docentes públicos Amsafé.